LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LA DINÁMICA CULTURAL EN QUITO.
REFLEXIONES CRÍTICAS.
El presente ensayo busca proponer algunas reflexiones conceptuales y empíricas en
torno al uso del espacio público como mediador en el acceso a las expresiones culturales
que surgen desde la ciudadanía. Para esto se utilizan reflexiones académicas dentro del
campo de los estudios urbanos a fin de articular la reflexión local con los debates que se
vienen desarrollando tanto en América Latina como en otros contextos culturales.
Además se recogen los resultados de varias investigaciones sobre la dinámica cultural
en Quito, en donde se presentan testimonios sumamente valiosos que representan
algunos puntos de vista de los gestores culturales respecto al acceso al espacio público.
Un concepto con dos vertientes.
La noción de espacio público tiene un largo recorrido en el pensamiento social y en
términos generales remite a dos campos del conocimiento concomitantes pero con
particularidades inherentes: el ámbito de la política y el ámbito de la ciudad. Dentro del
pensamiento político la idea de espacio público remite a la práctica de la deliberación
como momento esencial del procesamiento de las discrepancias propias de la diversidad
de puntos de vista. Es en el espacio público donde se establecen los consensos básicos
que soportan el funcionamiento de la sociedad. Bajo el modelo de la polis griega, el
espacio público es sustancial para el ejercicio de la política pues en él se expresan de
manera directa la voluntad de los ciudadanos respecto a los asuntos que involucran a la
sociedad en su conjunto. Este modelo de espacio público tiene su expresión materialarquitectónica
en el ágora, siglo V antes de Cristo.
Por su parte, dentro del urbanismo como disciplina científica dedicada ordenamiento de
la ciudad, desarrollado a partir del siglo XIX, el espacio público remite por una parte a
un componente sustancial de la trama urbana, -la disposición de lugares y la manera en
que se conectan- en tanto las plazas y parque forman parte de las centralidades que
articulan la ciudad como puntos de confluencia. Además su importancia se estableció
como elementos necesarios para la vida urbana en sí, pues generalmente tienen como
principal funcionalidad el esparcimiento y la recreación, como elementos que dotan de
calidad de vida a la población. Su funcionalidad también está relacionada con la
dotación de “espacios verdes” como elemento que contribuye a la reducción de los
niveles de contaminación al ser los “pulmones” de la ciudad. El modelo de espacio
público en este momento serán el parque y la plaza pública.
En muchas ocasiones estas dos acepciones se confunden o se entremezclan sin
considerar los distintos contextos históricos y culturales que las constituyeron y frente a
los cuales resultaron pertinentes. En el primer caso, bajo el modelo de la ciudad-estado,
en el ágora (circular) se reúnen quienes adquieren el estatus de ciudadano (no está de
más recordar el sentido restringido de la noción originaria de ciudadanía), iguales en
derechos y deberes, principio social que se expresa en el principio geométrico de la
equidistancia de cualquier punto del perímetro de la circunferencia con relación al
centro (radio).
En el segundo caso, considerando el desarrollo de la “ciudad industrial”, las plazas y
parques adquieren cada uno su sentido en función de las características de una sociedad
de masas. La plaza cumple una función cívica en tanto exhibe púbicamente los
referentes simbólicos de la nación (monumentos) que representan el sentido de
pertenencia moderno, mientras que el parque permite el descanso físico y mental
indispensable en la sociedad organizada en torno a la producción industrial. Los
principios de civismo y circulación se materializan en el diseño de estos espacios
pensados la el uso individualizado evitando las aglomeraciones.
Pese a las diferencias, en ambos casos vale la pena anotar que el espacio público está
definido por las necesidades hegemónicas de la época, y resulta de vital importancia
para el orden y el funcionamiento social. Como emplazamiento físico la morfología del
espacio público no es neutral ni únicamente técnica, ya que está impregnada de la
ideología de la época recreada ya que la configuración espacial promueve, permite o
intenta prohibir determinadas formas de uso. Como lugar de la vida pública de cada
época los espacios públicos han resultado propicios para el fomento de la urbanidad,
que como bien señala E. Goffman no es otra cosa que la puesta en práctica del orden
moral vigente, la escenificación de las normas de sociabilidad que rigen las
interacciones humanas.
Sin embargo en el momento actual, caracterizado por la privatización de los espacios
públicos y en general por un “declive de la vida pública” en palabras de Richard
Sennett, surge una imperiosa necesidad de repensar los espacios públicos como
elementos articuladores de la vida urbana. La expansión de la llamada “agorafobia”, el
miedo a los espacios públicos, recluye a las personas en la vida doméstica debido a la
desvalorización de los lugares públicos vistos como caóticos y peligrosos. En su
reemplazo proliferan espacios definidos como “semi-públicos” como los Centros
Comerciales, en tanto permiten la sociabilidad en un lugar ordenado y seguro, o como
sostienen otros autores una urbanidad cobijada por la fuerza ordenadora del consumo
sea real (adquisición) o simbólico (admiración) de las mercancías.
La urbanidad como elemento sustancial de la vida en las grandes ciudades representó
una novedad histórica al hacer posible la convivencia entre extraños. Las reglas de la
individualización, privacidad y anonimato, permitieron la interacción entre personas con
las más diversas matrices culturales, y los espacios públicos fueron los escenarios
privilegiados para estos encuentros. En contraste la contemporaneidad, según Z.
Bauman, se basa en el lema “no hables con extraños” y esta nueva hostilidad frente al
encuentro y al intercambio social es sintomática de la pérdida de sentido de vida
colectiva.
Sin duda la potenciación de espacios públicos puede constituir un importante contrapeso
a la agorafobia, sin embargo, en el momento actual su conceptualización requiere
algunas consideraciones importantes. En su acepción política, en las metrópolis por su
tamaño y densidad, no es posible mantener los principios originarios del ágora: reunir
en un mismo espacio y al mismo tiempo a todos los ciudadanos. En tal virtud la política
se desplaza hacia la ’esfera pública’ definida por J. Habermas como dominio de las
deliberaciones respecto a los asuntos en común a través de la comunicación y del
principio de representación política.
Esto no implica un vaciamiento del sentido político de los espacios públicos, más bien
en la actualidad, como lugar de encuentro y ‘publicidad’ de la gran diversidad sociocultural
de los centros urbanos, los espacio públicos adquieren un nuevo sentido, pues
las tensiones de la convivencia entre diferentes alberga el sentido de “lo político” de la
vida social antes que el ejercicio formal de la política.
Por su parte el modelo industrial del espacio público, la funcionalidad cívica de la plaza
y el esparcimiento asignado a los parques, requieren innovaciones para dar respuesta a
las necesidades actuales. Si el componente monumental de los espacios públicos
decimonónicos celebrada el sentido unitario de la nación, el siglo XXI demanda el
reconocimiento público de la alteridad y la mixtura. Si el esparcimiento en la era
industrial era considerado necesario para reponer las energías perdidas en el desgaste
del trabajo, en la actualidad el ocio está relacionado con el goce estético como una
necesidad en sí misma.
¿Qué hace que un espacio sea ‘público’?
Esta pregunta es pertinente para evitar la dicotomía entre espacios públicos y espacios
privados en donde cada uno se define por la oposición al otro. Jordi Borja sostiene que
“la ciudad es el espacio público” en referencia a que la ciudad en su conjunto es un
lugar de encuentros, es decir que esta cualidad no sucede de manera exclusiva en los
sitios considerados públicos. De la misma forma Neira sostiene que un espacio es
público en tanto su uso está definido de manera colectiva. Es decir que no es público
porque todos/as los ciudadanos/as accedan a él, sino porque sus características y
posibilidades de uso han sido establecidas de manera colectiva. En este sentido muchos
de los considerados “espacios públicos” no lo serían realmente porque si bien son
accesibles de manera irrestricta, sus características y usos son establecidos desde la
visión unilateral de la planificación urbana.
Juntando ambas reflexiones tenemos que los considerados “espacios privados”, la
vivienda por ejemplo, es de alguna manera pública, en tanto el establecimiento de su
pertenencia a alguien, su propiedad, es producto de un acuerdo social, y por ende está
adscrita a determinadas regulaciones. De igual forma los considerados “espacios
públicos”, las plazas por ejemplo, permiten el acceso libre a las personas pero tienen
regulaciones que restringen directa o indirectamente su uso al punto que su sentido
público se reduce a que nadie genere usufructo de él.
Lo principal de esta reflexión es de-construir la idea de es el libre acceso lo que
caracteriza a un espacio como público, si bien la libertad de acceso es un componente,
la restricción de uso puede menoscabar seriamente sus posibilidades de medio para la
vida pública. Es en los usos en que el espacio puede adquirir su verdadero sentido
público, y es en este terreno en donde surgen las disputas entre actores sociales y frente
a las instituciones responsables del gobierno de la ciudad. El uso implica apropiación
como condición sustancial y por tanto no puede pre-determinarse por la política urbana,
situación que no es fácil de admitir para las diversas instancias de gobierno de la ciudad,
pues la tradición urbanística se ancla fuertemente en el principio de regulación y control
de la sociedad a través del ordenamiento urbano.
Finalmente vale reflexionar sobre los “riesgos” que implicaría la apropiación como
esencia del uso del espacio público. El temor esencial radica en que la apropiación del
espacio se convierta en privatización y como tal dichos lugares pierdan sus
características públicas, el ejemplo del comercio informal que “se toma las calles y
plazas” suele usarse como la evidencia más palpable de este riesgo. Si bien este temor
tiene algunos fundamentos que se deben considerar mantiene algunos sesgos poco
enunciados.
En primer lugar la privatización de espacios públicos tiene varias escalas y actores, los
procesos de renovación urbana que se llevan en la región en las dos últimas décadas dan
muestras claras de que el mercado es el principal impulsor de las transformaciones
urbanas, y los intereses que están detrás no son precisamente en defensa de lo público.
Las denominadas alianzas público-privadas dejan ver cómo la inversión pública genera
beneficios privados, de tal forma que la privatización del espacio público en manos de
actores como vendedores informales, artistas callejeros, puestos de comida e incluso
micro-traficantes, es sustituido por la privatización en manos de fuertes capitales
comerciales e inmobiliarios. En este sentido el problema no es precisamente el uso del
espacio público en beneficio particular sino que existen usos privados del espacio
público legitimados y otros considerados ilegítimos.
En segundo lugar y en relación a lo anterior, las regulaciones sobre el espacio público se
anclan en el respeto a la normativa urbana, pero mantienen una visión “legalista” de la
relación entre los marcos normativos (leyes) y la sociedad, en el sentido de que no se
reflexiona sobre el origen de las normas y las implicaciones que tienen para la sociedad.
En tal sentido impera el sentido positivista de la norma que la asume dada, objetiva,
neutral e imperativa, desconociendo que la presión por ocupar el espacio público como
estrategia de supervivencia está relacionada con profundas desigualdades sociales y
urbanas.
Las condiciones críticas de empleo, los desequilibrios territoriales en la dotación de
equipamiento urbano, y las limitaciones de la zonificación de los usos de suelo, hacen
que los espacios públicos cumplan una función de “zona de amortiguamiento” de los
conflictos socio-espaciales. En el primer caso, frente a la escasez de empleo los espacios
públicos se convierten en oportunidad económica para el comercio informal. En el
segundo caso, la concentración de equipamientos y servicios urbanos atrae inversiones
inmobiliarias en las centralidades para captar la plusvalía que genera dicha
concentración, produciendo generalmente procesos de gentrificación. Y Finalmente la
zonificación, que determina las actividades posibles en cada zona de la ciudad, reduce
las opciones de uso de los espacios públicos en zonas residenciales, lo que acentúa las
disputa por el espacio público de las centralidades que resulta más susceptible de ser
apropiado.
Siguiendo estas consideraciones la gestión del espacio público no puede plantearse de
manera aislada del conjunto de políticas urbanas, pues estos lugares están
orgánicamente articulados tanto a la estructura espacial como a la dinámica social de la
ciudad. Su sentido público no depende únicamente de las intervenciones institucionales
sino principalmente de la manera en que se procesen las disputas por su ocupación,
desde las micro-negociaciones que se generan cotidianamente entre individuos y/o
grupos, hasta los procesos organizados a fin de hacer explícitas unas demandas
específicas de su uso.
No existe el “buen” (adecuado) o el “mal” (inadecuado) uso del espacio público, sino
que cada forma de usarlo responde a una necesidad social, de ahí su potencial
democratizador pues hace visible la alteridad y permite el reconocimiento del ‘Otro’ al
posibilitar la expresión de tales necesidades. Las restricciones que pueda tener el
espacio público pueden ser definidas mejor por los niveles de tolerancia que tiene una
sociedad, su capacidad para tanto para incluir las necesidades diversas como para
procesar las disputas por su uso, antes que por las restricciones normativas
predefinidas.
Gestión del espacio público y dinámica cultural.
Un sentido reclamo flota en el ambiente de Quito que es la falta de espacios para las
expresiones culturales. Varias investigaciones respecto a géneros musicales como el
rock en sus múltiples variantes, el rap y la cultura hip-hop, el punk, entre otras
manifestaciones artísticas, señalan que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo
de eventos que permitan la interacción entre creadores y públicos, son las regulaciones
en el uso de espacios públicos. De igual manera investigaciones sobre artistas populares
como grupos de teatro callejero, expresiones circenses, músicos populares, entre otros
señalan la hostilidad que deben enfrentar en su quehacer cotidiano por el uso de
espacios públicos.
El testimonio de un humorista callejero es decidor de este sentir:
“Si la gente puede detenerse a mirar una vitrina, ¿porqué no puede detenerse a
mirar un espectáculo callejero? De ver vitrinas se va frustrado porque no puede
comprar, del espectáculo se va alegre porque al menos se ha reído un poco”
Esta reflexión desafía en buena medida el sentido común del ordenamiento urbano pues
pone en el centro los efectos sociales del uso del espacio antes que el cumplimiento de
la norma. En esta lógica el uso permitido del espacio puede generar el malestar de la
frustración, mientras que el uso no permitido puede generar satisfacción. Quizás sin
proponérselo sus palabras contienen una reflexión muy profunda respecto a la ética del
cumplimiento de la norma frente a la ética de la satisfacción.
¿Cómo entender este sentir en una ciudad que promulga tener una amplia actividad
cultural? Para responder a esta interrogante se necesitaría mirar la política cultural en su
conjunto y su articulación con los distintos circuitos culturales locales. Sin embargo en
algo se puede aportar si se mira las formas en que se gestionan los espacios públicos
con fines culturales. Varias preguntas caben hacerse: ¿cómo se establece la agenda
cultural de eventos masivos auspiciados por el Municipio?, ¿cómo se seleccionan los
artistas que serán considerados?, ¿qué alternativas se les da a los artistas no
considerados?, ¿Qué impactos tienen estos eventos en los circuitos culturales autogestionados
de la ciudad?
Estas preguntas surgen a partir de las reflexiones de un integrante de un grupo de rock
considerado en la “Velada Libertaria” del año 2011. “Estuvo bien tocar con buen sonido
y que te paguen, pero después no nos ha ido tan bién porque la gente ya se acostumbra a
escucharte gratis, y es difícil que asistan a un concierto de los que hacemos y tienen
entrada”. Este testimonio revela un problema clave y es que los eventos públicos que
organiza la municipalidad no están pensados para fortalecer el circuito local, en este
caso particular de música, y por ende su impacto en el fortalecimiento de la escena local
resulta muy restringido.
Al contrario, confunde accesibilidad a la cultura con gratuidad, y refuerza el modelo en
que el público no reconoce económicamente el trabajo de los artistas, que es
precisamente la lógica que los gestores locales tratan de transformar desde distintos
frentes. El público que accede a estos eventos no está compuesto necesariamente por
personas que si no fuera por las condiciones de gratuidad no tendría la oportunidad de
acceder a las expresiones culturales.
Por otro lado no se observa un aporte de los eventos públicos a contrarrestar de alguna
forma los sesgos en las preferencias de las industrias culturales. La difusión de
expresiones artísticas a través de los medios de comunicación privados está sujeta a la
rentabilidad que pueda significar su inclusión. A partir de este filtro es que los artistas
forman parte de circuitos de difusión masiva o en su defecto restringida. Si la cartelera
de los eventos públicos prioriza la inclusión de “artistas renombrados” bajo la consigna
de que el valor monetario no sea un obstáculo para disfrutar de su producción artística,
termina por fortalecer las industrias culturales hegemónicas. Si tales expresiones tienen
amplia cabida en los circuitos culturales que la lógica del mercado acoge, ¿qué sentido
tiene invertir recursos públicos en su difusión?
Tendría mucho más sentido público acoger una cartelera de expresiones artísticas que
no tienen la apertura del mercado para su inclusión, pero que tienen gran valor para la
sociedad. El sentido incluyente de un evento artístico con recursos públicos no se mide
únicamente por el número de personas que asistieron, como suele presentarse
generalmente, sino principalmente por el valor sociocultural que esa producción
artística transmite y que amerita su reconocimiento y socialización.
En definitiva, el aporte que puede generara la gestión de espacios públicos para el
desarrollo cultural depende de cómo se establezca la relación entre los eventos
patrocinados con recursos públicos, tanto con los circuitos de difusión cultural autogestionados
por los propios actores culturales, como con las pequeñas y medianas
industrias de difusión cultural en la ciudad. Sin esta articulación los eventos artísticos
públicos no solo que no aportan a la escena local sino que pueden resultar
contraproducentes, como lo pone en evidencia el testimonio citado, y produce un
beneficio institucional (político) antes que contribuir al desarrollo de las expresiones
artísticas.
La manera en que se ha gestionado hasta el momento el espacio público para acoger las
expresiones culturales que se originan en la ciudad deja más réditos al Municipio como
instancia de gobierno de la ciudad, antes que a los creadores y gestores culturales, en
tanto la inversión de recursos económicos visibiliza a la institución y la legitima
mientras que los circuitos de difusión y circulación de producciones artísticas en la
ciudad siguen siendo precarios. Y esto no parece modificarse cuando se aumenta la
inversión pública, por el contrario, bajo esta lógica una mayor inversión económica
produce una mayor dependencia de los creadores en ser incluidos en las agendas
institucionales.
La resistencia a la cooptación.
Justamente la legitimación institucional por encima del desarrollo de las expresiones
artísticas ha conducido al fortalecimiento de varios circuitos “subterráneos” de
producción y circulación de manifestaciones culturales en la ciudad. En estos círculos se
plantea que entrar a formar parte de las agendas culturales impulsadas por el Municipio
implica perder independencia y sentido crítico frente a la autoridad, asumiendo por ende
que las expresiones artísticas críticas a la sociedad y sus instituciones deben mantenerse
clandestinas para conservar esta característica. En este sentido se habla de “cooptación”
al momento de vincularse con las dependencias responsables de la programación
cultural.
Esta desconfianza requiere profundizarse mucho más y las investigaciones referidas no
aportan los elementos necesarios para su esclarecimiento, sobre todo pensando
críticamente si la clandestinidad es una alternativa viable para el fortalecimiento de
expresiones artísticas. Sin embargo deja ver claramente que la posibilidad de inclusión
implica una negociación asimétrica, en donde las condiciones de la inclusión están
determinas por las dependencias responsables de la gestión cultural. En este sentido la
aparente “auto-exclusión” de los grupos que mantienen esta postura puede interpretarse
más bien como una resistencia a una suerte de “inclusión subordinada” en tanto las
condiciones están predeterminadas y no contemplan la posibilidad de incluir los
términos que esperarían negociar las agrupaciones, una suerte de “tómalo o déjalo” que
deja poco margen a una verdadera negociación.
Adicionalmente existen dudas sobre los procedimientos de selección de los/as artistas
bajo la sospecha de que los mecanismos no son transparentes y existen favoritismos
hacia determinados/as creadores/as. Uno de los temas más sensibles y difíciles en la
gestión cultural es sin duda los procesos de filtro y selección de artistas y/o obras que
recibirán el auspicio público. Toda decisión que se tome al respecto dejará
inconformidad y es susceptible de ser cuestionada, por esta razón es que la gestión
cultural debe profesionalizarse a fin de establecer reglas del juego claras y sobre todo
democráticas en tanto no reproduzca las visiones jerárquicas de “alta” y “baja” cultura.
Los sesgos y estereotipos en torno a lo que se considera “cultura” son otro elemento que
desalienta el interés de los creadores en formar parte de las políticas culturales locales.
Las expresiones culturales de grupos subalternos son reconocidas como “populares” y
de menor valía que las expresiones que se asumen de antemano como propiamente
culturales sin discusión como puede ser el caso de la música académica o las
exposiciones de pintores renombrados y expresiones similares. La diversidad de
expresiones culturales implica necesariamente la diversidad de estéticas, lo cual no
puede apreciarse desde la noción de cultura entendida como “bellas artes”.
Las tradicionales prácticas de llevar “la cultura” a las clases populares a través de
espectáculos públicos gratuitos con expresiones “cultas”, conciertos sinfónicos por
ejemplo, no solo que reproducen el prejuicio de “culturizar” a la población, sino que han
desvalorizado las expresiones artísticas propias que contribuyen a una sociedad a
reconocerse. En parte esta lógica aún se mantiene vigente sobre todo si se miran las
prioridades de las agendas de eventos gratuitos y la posición marginal que ocupan las
expresiones artísticas de grupos subalternos: jóvenes, pueblos ancestrales, mujeres,
entre varios más.
En síntesis la jerarquía del campo cultural y las lógicas burocráticas en el manejo de la
política cultural producen reacciones diversas en los actores culturales, hay actores
empeñados en alcanzar el reconocimiento institucional como conquista de sus
reivindicaciones, y hay también actores que deciden mantenerse al margen de los
procesos institucionales en tanto cuestionan los alcances mismos del reconocimiento
institucional. En este panorama la gestión de espacios públicos como medio de
promoción cultural debe considerar la desconfianza de varios actores no como una
simple opción de auto-exclusión, sino como una resistencia a las posibilidades de
cooptación que puede implicar la inclusión.
Una tarea urgente en Quito es la respuesta institucional al fuerte circuito clandestino de
eventos culturales que se producen en la ciudad para lo cual se deben reconsiderar los
mecanismos de negociación desarrollados hasta el momento en tanto han marcado más
la distancia entre los circuitos oficiales y los clandestinos. La tragedia de la “Factory”
sacó a la luz el problema pero aún no existe un proceso que permita reconocer el valor
de los circuitos culturales clandestinos, y lastimosamente el debate ha girado en torno a
la seguridad de los eventos masivos en espacios públicos.
El aporte de las expresiones artísticas para el fortalecimiento de espacios públicos.
Hasta el momento se ha desarrollado la reflexión en torno al aporte que pueden tener los
espacios públicos para el desarrollo de las expresiones culturales que se gestan en la
ciudad. En la dirección complementaria es preciso analizar la forma en que las
expresiones culturales pueden fortalecer los espacios públicos.
El estudio de Sara Serrano respecto a la falta de equipamientos destinados a eventos
culturales en las zonas de mayor expansión de la ciudad pone en evidencia la hiperconcentración
de la gestión cultural institucional en las plazas del Centro Histórico. Sin
duda que fomentar la ocupación del Centro Histórico es importante pues permite
conectar a la ciudadanía fragmentada entre el norte y el sur. Sin embargo esta prioridad
tiene una contraparte negativa que es la desatención del resto de plazas y parques de la
ciudad que no cuentan con una programación cultural sistemática.
Al contrario, los parques y plazas en los barrios son usados principalmente como
espacios para prácticas recreativas ligadas al deporte, lo cual en sí es valioso, pero llama
la atención que sean casi exclusivamente los espacios públicos del Centro Histórico los
que tengan actividad cultural mientras que el resto de espacios públicos, los que están
ligados a la cotidianidad de los residentes, carezcan de esta visión. Al menos dos efectos
se pueden establecer de esta diferenciación. La primera es que no posibilita que los
eventos culturales sean cotidianos y cercanos a los habitantes, por el contrario fortalece
la idea de que los eventos culturales son excepciones que requieren de movilizarse para
acceder a ellos. La segunda es que fortalece el mono-uso del espacio público en donde
se asume que la única manera posible de recreación es la práctica deportiva.
Esto no implica en ningún sentido que las prácticas deportivas deban desincentivarse en
beneficio de las prácticas culturales, pues estos y otros usos pueden fomentarse
simultáneamente. Lo que se busca plantear es que las necesidades de vida colectiva son
diversas y que los referentes culturales son un elemento importante de la recreación
considerando que el goce estético es gratificante también como experiencia compartida
y no únicamente individualizada. La recreación cultural puede aportar a reinventar el
sentido de la convivencia, más aún en los contextos urbanos densificados.
Uno de los problemas en las ciudades actuales es el declive de la vida pública, la
desconfianza y el temor a los “otros”. Quito no es ajeno a este fenómeno y existen datos
reveladores de una sociedad poco tolerante con la diversidad. En este sentido reactivar
los espacios públicos barriales como lugares de encuentro y sobre todo como lugares
para el reconocimiento de la diversidad es un aporte para una mejor convivencia.
Muchos de las canchas barriales se han ido enrejando en la última década a partir de la
priorización de los problemas de seguridad, pero tal medida no ha tenido impactos
positivos en el mejoramiento de la seguridad y más aún ha generado mayor violencia
social pues quienes han sido restringidos en el uso de estos espacios son principalmente
los jóvenes.
En este sentido es que la reactivación de los espacios públicos, mediante propuestas
culturales, son un mecanismo idóneo para un diálogo inter-generacional, en tanto
permita socializar la creatividad y puntos de vista de los grupos juveniles y de esta
manera romper la visión que criminaliza estas expresiones culturales. La clausura de
espacios públicos ha repercutido grandemente en la clandestinidad de las expresiones
juveniles con efectos contraproducentes: su rechazo por considerarlas prácticas
generadoras de violencia y por ende atentatorias a la seguridad las ha vuelto
verdaderamente inseguras por las condiciones de precariedad en las que se han
desarrollado.
Los “mega-eventos” en los espacios públicos de las centralidades tienen poco impacto
en la integración social en el mediano y largo plazo ya que luego de la congregación
multitudinaria quedan pocos vínculos. Por el contrario el trabajo sobre los espacios
públicos barriales tiene varias virtudes como son ampliar el circuito de difusión cultural
desconcentrándolo el territorio, formar nuevos públicos para la cultura en las
generaciones más jóvenes, y genera una relación orgánica entre los habitantes y los
espacios que tienen en común. En consecuencia deberían ocupar un lugar estratégico en
la gestión del espacio público como medio para el desarrollo cultural.
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Yúdice, George, 2002, “El recurso de la cultura” Gedisa, Barcelona
Muy buen texto, con grandes aportes para la cultura de Quito. Buen trabajo.
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